Salvar una oferta no es un trámite

Quedan pocos días para adjudicar y la mejor oferta económica llegó incompleta: falta un certificado. Alguien en la comisión propone lo que parece obvio: «pidámoslo por foro inverso y seguimos». En ese minuto se juega buena parte de la legalidad de la licitación.

Esa decisión rara vez es obvia. Salvar una oferta, o declararla inadmisible, exige detenerse a revisar el caso concreto. Cuando no se hace, las consecuencias llegan después y suelen costar más que el tiempo que se quiso ahorrar.

Una facultad con límites

La normativa permite corregir. El artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 19.886 autoriza a pedir que se salven errores u omisiones formales y, bajo ciertas condiciones, a recibir antecedentes omitidos. El llamado foro inverso existe para que un defecto menor no deje fuera a una buena oferta.

Pero es una facultad acotada. No puede dejar a un oferente en posición de privilegio ni afectar la estricta sujeción a las bases y la igualdad de los oferentes, que impone el artículo 10 de la ley. Tampoco alcanza al precio, que el propio Reglamento excluye de los errores formales.

El error frecuente es tratar esa herramienta como un trámite disponible para cualquier vacío. Usarla donde no corresponde vicia la evaluación. Negarla donde sí corresponde puede excluir, sin fundamento, a la oferta más conveniente.

Lo que está en juego

Responsabilidad administrativa. Quien integra una comisión evaluadora responde por lo que firma. Una subsanación improcedente, o una inadmisibilidad mal fundada, puede terminar en un sumario administrativo o en una observación de la Contraloría General de la República. La buena intención de «no perder la oferta» no exime de esa responsabilidad.

Costos. Una adjudicación impugnada ante el Tribunal de Contratación Pública puede ser declarada ilegal y obligar a retrotraer el proceso a la etapa de evaluación. Eso significa meses de atraso y trabajo repetido. A veces obliga, además, a sostener el servicio mediante prórrogas o contrataciones de urgencia, en peores condiciones.

Imagen pública. Las licitaciones se publican y las sentencias también. Una adjudicación anulada por trato desigual daña la confianza de la ciudadanía en la institución y la de los proveedores, que la próxima vez dudarán antes de ofertar. Menos oferentes significa menos competencia y peores precios.

Por qué el caso a caso

Dos situaciones que parecen iguales pueden tener respuestas opuestas. Omitir un certificado que las bases exigen bajo sanción de inadmisibilidad no tiene remedio: la oferta queda fuera. Presentar ese mismo certificado con un defecto de fecha es, en cambio, un error formal que puede salvarse.

Lo mismo ocurre con los antecedentes que otorgan puntaje. Su omisión no excluye la oferta, pero pedirlos después equivale a mejorarla. El Tribunal de Contratación Pública ha anulado adjudicaciones por asignar puntaje con documentos incorporados tras el cierre.

Y está la zona gris: la casilla en blanco, el catálogo que contradice lo declarado, las bases que dicen una cosa en una cláusula y otra distinta en un anexo. Ahí ninguna regla general alcanza. Hay que leer las bases de esa licitación, contrastarlas con la norma y, si la duda persiste, preguntar.

Antes de decidir

Antes de usar un mecanismo para salvar una oferta, o de descartarla, conviene responder seis preguntas:

1. ¿Qué dicen exactamente las bases sobre ese requisito y sobre su incumplimiento?
2. ¿Es un requisito de admisibilidad, un antecedente evaluable o una formalidad?
3. ¿El oferente incumplió el fondo o solo omitió el respaldo?
4. ¿El documento existía antes del cierre de recepción de ofertas?
5. ¿La subsanación mejora la posición del oferente frente a los demás?
6. ¿Se aplicará el mismo criterio a todas las ofertas en igual situación?

Responderlas exige tener a la vista la ley, el reglamento, las bases y los criterios de la Contraloría y del Tribunal. Si la duda persiste, corresponde consultar a la unidad jurídica antes de decidir, no después. Cualquiera sea la decisión, debe quedar fundada por escrito en el informe de evaluación.

Detenerse también es gestionar

La presión por adjudicar a tiempo es real, y nadie quiere declarar desierta una licitación necesaria. Pero la rapidez que omite el análisis solo traslada el riesgo al futuro, con intereses.

Una hora dedicada a revisar el caso puede evitar meses de litigio, un sumario y un titular incómodo. La pregunta útil para una comisión va más allá de si puede salvar la oferta. Es si puede explicar, ante cualquiera que lo pregunte, por qué decidió como decidió.

Este artículo expresa una opinión personal y no constituye asesoría legal.